Tegucigalpa, Honduras – 9 de febrero de 2026. Las declaraciones del ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, han encendido nuevamente el debate sobre el uso de recursos públicos para seguridad de altos cargos del Estado. Según el funcionario, varios exfuncionarios del gobierno anterior, vinculado al Partido Libertad y Refundación (Libre), llegaron a tener asignados hasta 50 agentes de la Policía Nacional exclusivamente para su protección personal, una práctica que calificó como un “abuso de poder” y un desbalance frente a las necesidades de seguridad ciudadana.
En su comparecencia pública, Velásquez detalló que estos esquemas de protección no se basaban en análisis técnicos de riesgo, sino en solicitudes directas de los funcionarios, lo que permitió que algunos de ellos tuvieran brigadas de escoltas que superaban incluso al número tradicionalmente asignado a autoridades de alto nivel estatal. En varios casos, dijo, los policías asignados eran tantos que se reportaron cifras de hasta 50 agentes para un solo exfuncionario.
“El criterio de asignación debería ser técnico, no por petición personal. Esta práctica representó una humillación para la ciudadanía, que veía a sus policías en caravanas protegidas mientras el país enfrenta un déficit de seguridad en las calles”, expresó Velásquez, apuntando al desequilibrio entre protección estatal y necesidades reales de seguridad pública.
Blindados y flotas de lujo con fondos públicos
Además de la asignación masiva de agentes, Velásquez indicó que más de 120 vehículos ejecutivos y blindados, financiados con fondos de la Tasa de Seguridad, fueron utilizados de manera discrecional por esos funcionarios que no contaban con razones operativas que justificaran dichos recursos. “Estos vehículos eran rentados, blindados y asignados simplemente porque así lo ordenaban, no por una evaluación de riesgo real”, afirmó el ministro sobre esos gastos que fueron pagados con dinero público.
Velásquez confirmó que se ha recuperado más del 90% de esos vehículos, y que la actual administración ha emitido órdenes para cancelar contratos con las compañías arrendadoras en los casos donde los blindados aún no han sido devueltos. Este esfuerzo se suma a una revisión técnica del esquema de seguridad de funcionarios con el objetivo de reorientar recursos y personal hacia tareas preventivas y de patrullaje en zonas con mayor necesidad de seguridad ciudadana.
Un contexto de déficit policial y priorización ciudadana
El anuncio se da en un momento en que la Policía Nacional enfrenta significativas limitaciones institucionales. Según reportes recientes, el jefe de la Policía Nacional reconoció un déficit de agentes que podría llegar al 40%, lo que afecta la capacidad de cubrir de manera efectiva la seguridad en numerosas comunidades del país.
Este desencuentro entre los recursos usados para seguridad de exfuncionarios y la falta de cobertura policial para la población general ha generado críticas de sectores sociales que advierten sobre la necesidad de priorizar a la ciudadanía en esquemas de protección estatal.
Respuesta estatal: ajustes a privilegios de seguridad
La administración actual, encabezada por el presidente Nasry “Tito” Asfura, ha impulsado cambios en la política de seguridad para funcionarios, buscando reducir privilegios y mejorar el uso de recursos públicos. Asfura ha sido enfático en que el uso de policías y militares como escoltas personales dejará de ser una práctica común, y que incluso él mismo aceptará una reducción significativa de su propio esquema de protección oficial.
El presidente consideró que la seguridad pública debe orientarse prioritariamente a proteger a la población general, no a facilitar traslados o privilegios a funcionarios, y que la medida representa un compromiso con la transparencia y la eficiencia en el manejo de recursos del Estado.
Balance y retos futuros
La controversia por los esquemas de protección ha puesto de manifiesto la tensión entre las prácticas de seguridad en gobiernos pasados y la necesidad de alinear los recursos institucionales con las prioridades del Estado y la ciudadanía. La administración de Velásquez pretende, a través de la reorientación de personal y el replanteamiento técnico de los esquemas de protección, devolver al país una Policía Nacional más orientada a combatir la inseguridad generalizada y no a sostener privilegios para una élite política.
Aunque aún están en curso las acciones para retirar personal y activos asignados indebidamente, el debate sobre el uso de escoltas, recursos públicos y prioridades estratégicas en seguridad continuará siendo un tema de interés público y político en Honduras durante los próximos meses.
