El analista y consultor en seguridad ciudadana en El Salvador, Luis Contreras, explicó que el Gobierno Honduras, que lanzó un plan para atacar la extorsión debe de replicar las medidas implementadas por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas.

«El plan de control territorial ( del plan antiextorsión) lo veo muy bien porque son fases bien específicas y focalizadas. Se comenzó a implementar cuando el presidente Bukele asumió el gobierno y a finales de 2019 San Salvador salía del listado de 50 ciudades más violentas del mundo con el plan de control territorial», expresó Contreras.

«Aquí en El Salvador si una persona anda un tatuaje alusivo a la MS-13 o Pandilla 18 eso es delito y tiene una pena de 20 años a eso hemos llegado a tal grado que los pandilleros se queman el cuerpo intentando borrar los tatuajes, yo jamás había visto eso en El Salvador«, dijo Contreras.

Gabinete de Seguridad Ampliado

Además, Contreras destaca que con el régimen de excepción se permite realizar escuchas telefónicas para desbaratar a los criminales, sin necesidad de orden judicial y se le da mayor celeridad a los procesos.

«En San Salvador hay una residenciales muy lujosas donde han detenido a cabecillas de pandillas y era impensable para los salvadoreños decir que estos pandilleros vivían en esta zona», expresó Contreras.

«Las extorsiones han disminuido considerablemente en el rubro de los más afectados (Transporte) que anualmente pagaba entre 15-18 millones de dólares», aseguró Contreras.

También, el analista recomendó neutralizar a las pandillas para poder crecer económicamente en Honduras.

«La seguridad pública es la piedra angular en la economía de los país y si Honduras no logra neutralizar este flagelo no va a poder crecer económicamente», dijo Contreras.

El sector industria está creciendo en El Salvador desde el año pasado y esto gracias al combate al crimen.

Asimismo, Contreras destacó la integración del Gabinete de Seguridad Ampliado que está integrado por la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Fiscalía General de la República y el Ministerio de Justicia y que tienen como objetivo neutralizar al crimen.