BUENOS AIRES— El martes, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta y titán político en Argentina, ha sido hallada culpable, sentenciada a seis años en prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos por un esquema de fraude que dirigió contratos de obras públicas de vialidad a un amigo de la familia cuando era primera dama y presidenta.

El veredicto fue un golpe importante para Fernández, la actual vicepresidenta y una figura profundamente divisiva que ha contribuido a dividir a Argentina entre quienes la apoyan a ella y a su movimiento de izquierda, el kirchnerismo, y quienes dicen que ha ayudado a arruinar a un país que, sin importar del gobierno en turno, ha tenido dificultades con la alta inflación, la pobreza y el fracaso de las políticas económicas.

La sentencia de seis años fue menor a los 12 que buscaban los fiscales. 

Sin una curul, Fernández perdería el fuero que evita que la arresten, algo que dejó en claro. “Que me metan presa”, dijo.

En Buenos Aires, la capital, un panel de tres jueces anunció el veredicto en una emisión abierta luego de un juicio de tres años en el que a Fernández de Kirchner se le acusó de dirigir cientos de millones de dólares de contratos financiados por los contribuyentes a un socio de negocios a fin de construir carreteras en Patagonia, en la parte austral de Sudamérica.

El fallo indicaba que el panel tenía la “certeza” de que se llevó a cabo “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

Fernández de Kirchner ha pasado 30 años en el ojo público, como primera dama, presidenta y actualmente como senadora y vicepresidenta. En este tiempo ha sido investigada por más de una decena de cargos, la mayoría de ellos relacionados con corrupción, aunque cuatro casos han sido desechados y en otros dos ha sido absuelta. Esta era la primera investigación que había llegado a juicio.

Santa Cruz siempre ha sido su bastión político. Néstor Kirchner nació en la capital, Río Gallegos, y fue gobernador de la provincia entre 1991 y 2003. Su hermana, Alicia Kirchner, es la actual gobernadora.

El enfoque del juicio contra Fernández de Kirchner ha sido en gran medida 51 contratos de carreteras que fueron adjudicados a empresas vinculadas a Báez, quien pasó de ser un empleado bancario en Santa Cruz a fundar una empresa constructora en los días previos a que Néstor Kirchner se convirtiera en presidente en 2003. La fiscalía dijo que de 2003 a 2015 el supuesto esquema defraudó al Estado argentino por más de 5000 millones de pesos, unos 926 millones de dólares, según las autoridades.

Los contratos a menudo se adjudicaron con precios inflados, se excedieron del presupuesto o recibieron consideraciones especiales, según la fiscalía. Casi la mitad de los proyectos carreteros no llegaron a completarse.

Las pruebas presentadas durante el juicio incluían mensajes de WhatsApp entre López, el exsecretario de obras públicas, Báez y el presidente de una de sus empresas constructoras.

La fiscalía argumentó que los mensajes revelaron un plan para esconder pruebas en los últimos días de la gestión de Fernández de Kirchner en 2015, al otorgar los últimos pagos de contratos a Báez, despedir a sus empleados y abandonar los proyectos carreteros.

Algunos de los mensajes incluían referencias a “la señora” que tenía que “tomar decisiones”. La fiscalía argumentó que “la señora” era una referencia Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que nunca se le mencionó por nombre.