Buenos Aires – Los fundamentos de la condena de la condena por corrupción a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, no ahorraron en calificativos para argumentar que la exmandataria (2007-2015) fue autora de una «fastuosa» defraudación al Estado.
El Tribunal Oral Federal 2 dijo este jueves que el pasado 6 de diciembre condenó a Cristina Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en la obra pública porque consideró que es una de las autoras del delito investigado.
En un texto de 1.616 páginas, especificó que la vicepresidenta tuvo una «intervención fundamental» en las irregularidades en la concesión de 51 obras públicas en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo, a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de ella misma.
La resolución hace referencia al «tenor de sus aportes a la fastuosa defraudación emprendida», al «ámbito preponderante que ocupaba para la toma de las decisiones imprescindibles para su ejecución» y al «poder inaudito del que gozaba para influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan».
Todo eso constituye «la estructura que permite concluir que su conducta fue la que representó el mayor nivel de disvalor del hecho», explicó.
Sin precedentes
El tribunal detalló la «colosal extensión del daño causado», ya que perjudicó al erario en un «monto estrafalario» de 84,835.2 millones de pesos al 6 de diciembre de 2022 (424 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual).
«Estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país», agregó el tribunal, para luego indicar que se trató de «un grave hecho de corrupción sin precedentes».
