Para descongestionar el colapsado sistema penitenciario nacional, que pueda decretarse un indulto para unas 5,000 o 3,000 privados de libertad
Un vehemente llamado al Congreso Nacional hicieron entes humanitarios y el Instituto Nacional Penitenciario (INP), para que se apruebe la Ley de Gracias Constitucionales y se posibilite un indulto que descongestione el sistema penitenciario que alberga a 19,500 privados de libertad.
La exhortación fue hecha durante el “Desayuno de La Esperanza”, en favor de la aprobación del anteproyecto de Ley de Gracias Constitucionales, que incluye las propuestas de Ley de Indulto y Conmuta de Penas y Ley de Redención de Penas.
El evento fue auspiciado por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), cuyo director, Juan Almendárez Bonilla y la subdirectora, Alba Mejía, fueron anfitriones de autoridades del INP y el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev), entre otros organismos.
En el foro también participaron miembros de la Asociación de Familiares de los Privados de Libertad de Honduras y algunas personas que gozan de las prerrogativas de preliberación y libertad condicional, quienes ratificaron el llamado a que se pueda aprobar la referida normativa.
El anteproyecto de Ley de Gracias Constitucionales, fue entregado al Congreso Nacional por el Conaprev y el CPTRT y elaborado por el abogado y catedrático Malcon Eduardo Guzmán Valladares, en coordinación con la maestría de derecho penal y procesal penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Validada por jueces de ejecución y defensores públicos, la propuesta de Ley de Gracias Constitucionales fue catalogada por Almendárez Bonilla, Alba Mejía, la voluntaria exdiputada María Luisa Borjas, y el director del INP, comisionado Otoniel Castillo Lemus, como una verdadera esperanza para descongestionar el colapsado sistema penitenciario nacional.
Castillo Lemus reseñó que desde su llegada al cargo ha visto que ha bajado la cantidad de 20,000 privados de libertad en los 25 establecimientos penitenciaros a 19,500 y tiene la esperanza que pueda decretarse un indulto para unas 5,000 o 3,000 personas que han estudiado y ameritarían acogerse a esa gracia constitucional con un enfoque integral.
Los participantes, entre ellos Alba Mejía, también subrayaron la necesidad de elevar a conocimiento de la presidenta Xiomara Castro, el Plan de Reinserción Segura que pueda servir para potenciar la plena reincorporación de los privados de libertad a la sociedad con el fomento de empleos y condiciones humanitarias.
Participaron también la magíster Bessy Almendárez, coordinadora del Proyecto de Protección de Derechos Humanos en Cárceles; la asesora legal del CPTRT, abogada María Esther Salinas Cerrato; la comisionada del Conaprev, Sandra Rodríguez; el subdirector de Desarrollo Institucional del INP, comisionado Robert Nahín Núñez Ordóñez y la oficial de comunicación del INP, periodista Digna Aguilar.
