viernes, junio 2, 2023

Diputados y reforma tributaria

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Juan Ramón Martínez

He dejado para el final, estas opiniones sobre la reforma tributaria del gobierno de Xiomara Castro. Desde el principio me ha llamado la atención: a) que no se aclaren los objetivos y se disfrace con expresiones vagas referidas a justicia, sin indicar en favor de quien, se inclinara la balanza de la ley; b) el monto total de la reforma, no ha sido especificado en ningún momento; ni a los sectores de la población que serían beneficiados; c) que los ataques de Ochoa se hayan orientado hacia los empresarios, aunque al final, el proyecto no modifica ninguno de los estímulos establecidos; d) la forma como los procedimientos legales, afectan los derechos individuales y aumentan los poderes del gobierno, lo que insinúa una orientación irracional y totalitaria; e), el concepto de renta mundial con el que además, el gobierno quiere limitar los derechos de las personas que efectúan trabajos en el exterior y envían remesas; y, f) los derechos de los “remesantes”, sus beneficiarios; y, la posibilidad que el gobierno, le eche mano a estos fondos que, son el fruto de los más pobres de entre todos. Y que, con su sudor, sostienen la economía nacional.

Después de leer casi todo lo que se ha dicho; e, incluso, descubrir la irregularidad de muchas de las cifras de Ochoa, cuya falta de coherencia solo compite con su arrogancia y la fuerza para pretender colocarse por encima de todos los hondureños que somos la fuente de la soberanía, he llegado a la conclusión que los diputados del Congreso Nacional, no deben aprobar ese proyecto. Más bien, deben rechazarlo, nombrando de su seno, una comisión para que haga una legislación, coherente, no política, que preserve los objetivos nacionales. Las razones básicas son que Ochoa y quienes están tras de él, nos han mentido.

Resulta raro que su discurso paso, de criminalizar a los empresarios, señalando las familias que no pagan impuestos; y que se benefician de los incentivos, a aceptar ladinamente que, no se tocara ninguno de los mismos, en beneficio del desarrollo nacional. La siguiente razón es que, estamos seguros que esa ley, le da demasiados poderes al gobierno, por encima de los ciudadanos. No podemos fortalecer un gobierno -a ningún gobierno- que tenga orientaciones extranjeras, obedezca consignas contrarias a los principios constitucionales, porque ello apunta a la forja de una dictadura interna que no podremos remover nunca. Tampoco, admitir que el gobierno tenga toda la información de nuestras vidas y patrimonios, más alla de las referidas para trabajar a nuestro servicio.

Aceptar la renta universal, dándole la facultad al gobierno para que suscriba con gobiernos extranjeros acuerdos para evitar la doble tributación, abre la puerta a un régimen totalitario, colocado por encima de los ciudadanos. Y, finalmente, nos oponemos a que las remesas, sean objeto de agresión y control de parte del gobierno, porque ellos es agresión a la libertad, la agresión de las familias, el irrespeto a los sacrificios de los miembros de las mismas, impidiéndoles apoyarse mutuamente. La cifra que anuncian que captaran las remesas, tiene cierta cuadratura que, no puede disimular de donde saldrán las correas. Un gobierno que no muestra solidaridad con los pobres, que no le interesan las condiciones en que viven y trabajan nuestros compatriotas en el exterior, no nos merece suficiente confianza. Especialmente cuando Salgado, el “cerebro gris” de este régimen, en el reciente pasado, atacó las remesas y las transformó en fuente de desempleo. Por lo que, suponemos que la finalidad en el fondo, es permitir al gobierno, echar mano del trabajo de nuestros compatriotas en el exterior; y negarles a sus familiares que viven de sus envíos generosos, que se lleven el pan a la boca para sostener una burocracia arrogante e irrespetuosa. Lo que, es un crimen; y, una ofensa.

Por lo anterior pedimos a los diputados, de todos los partidos, que se distancien del anteproyecto de justicia tributaria, rechazándolo en forma total, bajo el entendido que no se deben dar recursos a un gobierno que no da seguridad de su voluntad de escapar al control democrático de los votantes. Y rechacen, lo referido al aumento del poder del gobierno, entendiendo que, si lo hacen, le niegan legitimidad a la ciudadanía que es la fuente, -la única- del poder democrático, facilitando la dictadura y el autoritarismo.

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